Agradezco
a la Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Mtra. Ivett
Tinoco García la cordial invitación que fue extendida al Programa Universitario
de Estudios de Género para participar de este foro y en esta Universidad
Autónoma. Agradezco también el compromiso de las senadoras Mtra. Diva Hadamira
Gastelúm Bajo y Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo por su claro compromiso con el
país al pertenecer a la Cámara Alta del Congreso de la Unión y por su
participación activa con la sociedad, así como en estos foros académicos
destinados al análisis y la discusión.
Quiero
comenzar esta disertación haciendo el recuerdo de ciertos eventos históricos
que ayudarán a enmarcar la reflexión en torno al género, los derechos y la
ciudadanía. El 25 de marzo de 1911 en Nueva York, en la triangle shirtwaist factory,
126 mujeres fallecieron atrapadas
dentro de los muros de la fábrica debido a que las escaleras y salidas habían
sido tapiadas para evitar el escape de las obreras (una práctica común en
aquellas épocas). Esto propició una serie de movimientos de mujeres que
llevaron a la creación de la Unión Social y Política de las Mujeres fundada por
Emmeline Pankhurst, ella junto con las mujeres trabajadoras iniciaron la ardua
labor de las sufragistas británicas, quienes defendieron la importancia de la
calidad diferenciada del voto femenino respecto al masculino. El movimiento
sufragista rápidamente se propagó, pronto las estadunidenses, seguidas de las
escandinavas y las holandesas se unieron a la lucha por el reconocimiento al
derecho de escoger a sus representantes en los órganos políticos. El primer
país en reconocer el voto a las mujeres mayores de 18 años fue Nueva Zelanda en
1893, después fueron las británicas en 1918 y las estadounidenses en 1920 quienes
lograron el reconocimiento. ¿Saben cuándo reconoció el estado mexicano el
ejercicio del voto a sus ciudadanas?, es correcto, diciembre de 1947. Sólo tomo
54 años de diferencia para que pudiéramos tener ese avance social.
A
veces parece que el ejercicio de la ciudadanía se reduce al uso del voto. El
IFE hace promoción para obtener la credencial y asistir a las urnas en periodos
electorales, pero también tiene programas para educar en democracia, en
participación, en la construcción de ambientes escolares sanos, respetuosos,
democráticos, con aprecio a la diversidad, con respeto a los derechos humanos,
vinculados a la familia y a la comunidad educativa. Todo ello para promover la
construcción de la identidad como mexicanas y mexicanos.
La
identidad articula a las personas, les da un sentido de vida, una pauta de
interacción que utilizan para convivir diariamente, es a partir de esta
autopercepción que se mueven en el mundo. Esta concepción de sí mismas les
permite o les impide actuar, participar. Me puedo pensar como hombre, como
mexicano, como universitario. Como hombre-mexicano-universitario que tiene a
partir de esta identificación ciertas obligaciones y responsabilidades, consigo
y con su comunidad, es decir, con México y con la UNAM.
La
adherencia al territorio no es sólo el reconocimiento del espacio físico y la
elección de incluirse a sí mismo en los límites de la tierra, sino la decisión
de pertenencia a una comunidad que convive dentro de una demarcación
territorial y que es regida por el estado o una institución, que manifiesta su
soberanía, entre otros aspectos, en la fuerza con que impone sus normas
punitivas y ejerce la jurisdicción de sus tribunales sobre los delitos
cometidos dentro de su territorio. De ahí la importancia de las normatividades,
estos acuerdos escritos que permiten establecer y regular formas de
convivencia. Las leyes han sido creadas para que el estado o la institución
legalice las conductas aceptadas por la comunidad que convive en ese
territorio, son compromisos sociales cristalizados en leyes.
Que
las personas se apropien de estas formas de convivencia, que sigan estos
comportamientos esperados, que utilicen un leguaje común, respeten principios
éticos y mantengan valores compartidos es parte no sólo de la constitución identitaria
de cada una, sino que conforma el núcleo de la ciudadanía, otorga sustancia y
sentido a este concepto.
Se
educa para participar en comunidad, para dialogar, respetar, convivir,
comprender y construir. Para ser ciudadanos y ciudadanas de las universidades,
de los estados, de la nación.
El
estado mexicano ha tenido un avance histórico en relativamente poco tiempo, en
una década hemos visto el desarrollo del estado de derecho en beneficio de las
mujeres y de las personas más desprotegidas. En 2003 aparece la Ley Federal
para Prevenir y eliminar la Discriminación, que es un punto de arranque para
estas leyes con perspectiva de género, en ella se introducen nociones para
evitar la discriminación en el acceso a educación o la elección de empleo a causa
de la edad, elección religiosa, preferencia sexual, pertenencia a etnia o a un
sexo determinado. El estado comienza a pensar que es necesario regular y
reducir las desigualdades mediante la promoción de programas de atención
específica a estas poblaciones en situación de desventaja social. Considera
necesario para el fortalecimiento del estado-nación, el beneficio de toda la
ciudadanía, incluidas las mujeres, las niñas y los niños, en términos
educativos, de salud, laborales.
En
2006 surge la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la cual
el estado implícitamente reconoce la existencia de desigualdades sociales a
razón de género y establece conceptos como acciones afirmativas y
transversalidad para promover la incidencia en la realidad social y la
transformación cultural. Se establece la necesidad de diseñar, elaborar,
aplicar, evaluar y dar seguimiento a instrumentos de políticas para la igualdad
entre hombres y mujeres. Además de instaurar claros lineamientos para una
política nacional que asegure la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública, la participación
y representación política equilibrada y la eliminación de estereotipos.
Un
año después en 2007 se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, una ley de avanzada en términos políticos, en ella
aparecen conceptos como el empoderamiento de las mujeres y la perspectiva de
género. Se tipifican seis tipos de violencia (psicológica, física, patrimonial,
económica, sexual y análogas), así como cinco modalidades (en el ámbito
familiar; en el ámbito laboral y docente; en la comunidad; la violencia
institucional y la violencia feminicida). Además de establecer un Sistema
Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, en el cual se asignan funciones específicas a cada una de
instituciones que lo conforman. Es de congratularse que la actual Legislatura,
el pasado 22 de marzo, tipificara la violencia política de género, “como
agresiones cometidas por una o varias personas, directamente o por terceros,
para causar daño físico, sicológico o sexual en contra de una o varias mujeres,
con el objetivo de impedirles el acceso o desempeño de un cargo de
representación política.”
A
cerca de la importancia de esta iniciativa por parte del Congreso de la Unión,
uno de los indicadores que suele utilizarse para medir el avance en la igualdad
de género en los países, es el porcentaje de escaños parlamentarios ocupados
por las mujeres. Esto habla de la sociedad que habita ese territorio, de su
forma de pensamiento colectivo respecto a la representación democrática, a las
relaciones sociales que median entre los sexos, al desarrollo
socio-político-económico y al avance humanitario del país.
Según
datos recabados por el Banco Mundial en 2012, la participación en porcentaje de
escaños ocupados en la cámara baja o cámara única fueron: Costa Rica 39%, Cuba
45%, Dinamarca 39%, España 36%, EU 17%, Finlandia 43%, Islandia 40%, Japón 11%,
México 37%, Noruega 40%, Ruanda 56%, Suecia 45%, Uganda 35%. Estos porcentajes
por sí mimos indican avances en tanto a participación y representación, sin
embargo cuando cruzamos esta información con sistemas de salud, educativos, de
pensiones y de apoyo social encontramos elementos muy interesantes, como que
Finlandia posee el mejor sistema educativo del mundo, mientras que los
servicios médicos de Cuba y Suecia figuran entre los mejores del mundo.
En
nuestro país tenemos desde hace poco tiempo un incremento en la participación
de mujeres en las cámaras (alta y baja), esto se debe en gran medida acciones
afirmativas para cumplir cuotas de género. Esto no sin sus complicaciones en la
implementación y la confrontación común con la cultura predominante de género
que resulta en prácticas que demeritan la puesta en práctica de acciones
afirmativas.
La
cámara baja del Congreso de la Unión está conformada por 500 escaños, de los
cuales en la LXI Legislatura, 169 son ocupados por mujeres, lo que representa
el 33.8% del total de espacios disponibles. En la cámara alta del Congreso de
la Unión contiene 128 escaños, de los cuales actualmente 28 son ocupado por
mujeres, esto representa 22% del total de lugares disponibles. Todavía nos
encontramos lejos del porcentaje igualitario 60 - 40.
Un
supuesto que subyace a la representación igualitaria de género, es que la
participación de mujeres en estos lugares de toma de decisiones favorecerá el
avance de la lucha feminista. Este es un punto sensible, pero baste decir que
no por ser mujer se es feminista, no por ser hombre se es machista. No es que
el feminismo sea el antónimo del machismo ni mucho menos, hago el contrapunto
porque en ambos casos los términos atienden a una formación cultural, a
aprendizajes sociales. Mientras el pensamiento feminista puede ser descrito
como una filosofía que hay que estudiar para entender y actualmente no existe
un antónimo equivalente (quizás los estudios en masculinidad); el machismo son
una serie de aprendizajes tradicionales de la cultura que se adquieren por la interacción
y el antónimo propuesto en algunos espacios académicos ha sido el hembrismo.
Se
va haciendo cada vez más evidente la importancia de la educación, en especial,
la educación para la ciudadanía en apego a los Derechos Humanos. Por allá de
los años cincuenta del siglo pasado comenzó la primera generación en la que se
buscó garantizar los derechos civiles y políticos como: tener los derechos y
libertades fundamentales; derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
jurídica; a circular libremente y a elegir su residencia; derecho a la
nacionalidad; a la libertad de opinión y expresión de ideas. En la siguiente
década surgió la segunda generación: los derechos económicos, sociales y
culturales. Entre los que se encuentran el derecho a la seguridad social; al
trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a la salud física y
mental; a la educación en sus diversas modalidades (la educación primaria y
secundaria es obligatoria y gratuita). Finalmente en la década de los ochenta
se buscaron los derechos de los pueblos colectivos y el medioambiente. Aparecen
los derechos a la autodeterminación; a la independencia económica y política; a
la coexistencia pacífica; a la cooperación internacional y regional.
Sin
embargo, aún cuando hay un gran avance en la creación de Derechos Humanos y en
la creación de Leyes que cobijen a los sectores vulnerables, persisten brechas,
desigualdades, discriminación y violencia. Tenemos en México 14 millones de
personas que carecen de agua potable y 22 millones no tienen acceso a
alcantarillado, muchas de ellas mujeres dedicadas a las labores de cuidado y
reproducción. En cuanto al acceso a las tecnologías de la información, existe
una brecha de género del 10% entre usuarios y usuarias de internet en América
Latina y el Caribe según Intel[1]. siendo menor la cantidad de mujeres que tienen
acceso al uso de internet, así como a los conocimientos necesarios para el
manejo de mensajes sms y multimedia. Se menciona que hay un 34% de penetración
de la tecnología en las mujeres de México.
El
día de ayer, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presentó el
informe “Omisión e Indiferencia”, en su capítulo quinto “vida laboral y
reproductiva” mencionan algunos datos que me parecieron pertinentes:
El cuidado de
los hijos y las hijas, su protección y educación deben de ser una
responsabilidad compartida por todos los miembros de la sociedad y el Estado
tiene que apoyar en esta labor. Los estereotipos de género, arraigados en la
cultura, han marcado la diferencia en la asignación de tareas para hombres y
para mujeres. Sin embargo, cualquier persona, sin importar su sexo, tiene el
derecho de ejercer la maternidad. Por otra parte, la legislación nacional no
está plenamente armonizada con los estándares internacionales en la materia.
Por ejemplo, respecto a las licencias de maternidad el Convenio 183 de la OIT
establece que deben ser al menos 14 semanas y, de hecho, una recomendación de
la OIT del año 2000 señala que lo aconsejable es al menos 18 semanas. En
México, la legislación establece doce, por debajo del estándar mínimo. Un
porcentaje muy alto de mujeres (casi 50% de las trabajadoras, según datos del
INEGI) no cuentan con ningún tipo de esquema de seguridad social y por tanto no
acceden a licencias de maternidad.
En
otro orden de eventos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que los
tres estados con mayor índice de feminicidios son Chihuahua, el Estado de
México y el Distrito Federal, mientras que la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares, menciona que el 46% de las
encuestadas padecieron algún tipo de violencia por parte de sus parejas. En el
marco de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, 5 mil 904 mujeres fueron
asesinadas entre 2008 y 2010. Las cifras provienen del Estudio nacional sobre
las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra
las mujeres, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación
(Segob).
Del documento se desprende que los más de 5 mil 900
asesinatos representan el 39.38 por ciento de las muertes por homicidio de
mujeres registradas entre 2001 y 2010; en total, 14 mil 991 decesos de este
tipo. El análisis de las tasas de mortalidad femenina durante este periodo
refuerza lo anterior. De 2001 a 2010, éstas crecieron casi al doble: pasaron de
2.6 a 4.5 por cada 100 mil mujeres, como consta en el documento de la Conavim.
¿Cómo es posible generar agencia y empoderamiento
cuando existe un riesgo para la propia vida?, ¿cómo ejercer la ciudadanía
cuando no existe el derecho de libre tránsito debido a la amenaza latente de
violencia?, ¿de qué manera se puede promover la participación cuando de facto
los Derechos Humanos se ven vulnerados?.
Si
buscamos estos datos con la población más joven encontramos cosas preocupantes
como que el pasado 25 de marzo, el secretario de la Comisión de Puntos
Constitucionales del Senado, José María Martínez, informó que el año pasado se
registraron 5 mil 190 muertes a causa del bullying: 80 por ciento fueron
hombres, y 20 por ciento mujeres. Dicha cifra representa 162 muertes en
promedio por estado. Hay un incremento en la taza de suicidios en Jalisco y
como ejemplo extremo está el caso de Jonathan.
La
violencia de género no solamente afecta a las mujeres, los hombres son víctimas
de otros, muchas veces a partir de los estereotipos de la masculinidad
tradicional violenta y machista. Es necesario educar en nuevas formas de
convivencia, hay que sensibilizar tanto a hombres como a mujeres con respecto a
la violencia de género. Para conmemorar el 8 de marzo (algo que seguramente le
hubiera alegrado a Emmeline Pankhurst) la UNAM publica los Lineamientos
Generales para la Igualdad de Género en la UNAM, para promover la igualdad y
sensibilizar sobre el tema, se diseñarán e impartirán talleres, cursos,
conferencias y campañas; además, se incluirá el tema en planes de estudio y en
nuevas opciones de posgrado especializadas.
Sí
en efecto queremos avanzar hacia sociedades más equitativas y libres de
violencia, habrá que buscar el fortalecimiento de acciones afirmativas que
promuevan una nueva educación con
respecto a la ciudadanía, a la participación solidaria, en la que se atienda a
las realidades individuales, comunitarias e históricas; una educación que
propicie el cambio de mentalidades, actitudes y valores, en la que se
antepongan las necesidades sociales a las individuales, se radicalice la
democracia, se renueven las formas de presencia y participación social.
Será
necesario la construcción de políticas educativas integrales e
interinstitucionales, que se articulen con todos los niveles educativos,
comenzando por preescolar hasta llegar al posgrado, además de contar con una
evaluación precisa del avance y los resultados, así como de un proceso de
seguimiento puntual de los avances y retrocesos en materia educativa con
perspectiva de género.
